PVEM propone integrar especialistas en la nueva ley de protección animal

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Unión hizo un llamado este martes para que el proceso de creación de la nueva ley de protección animal incorpore de manera obligatoria la visión de especialistas, defensores de los animales y autoridades competentes. La propuesta busca asegurar que la normativa, actualmente en fase de discusión, mantenga los principios de la reforma constitucional vigente y garantice un marco legal robusto para prevenir el maltrato en todo el territorio nacional.

El grupo parlamentario enfatizó la necesidad de que el diseño de las nuevas disposiciones no sea una labor exclusivamente legislativa, sino que se convierta en un esfuerzo multidisciplinario. Según representantes de la bancada, la integración de expertos en bienestar animal y organizaciones civiles es fundamental para traducir las demandas sociales en artículos técnicos que permitan una aplicación real y efectiva de la ley en las entidades federativas.

La propuesta del PVEM subraya que el respeto a los seres sintientes debe ser un eje transversal en la agenda pública, evitando que la legislación quede como una declaración de principios sin alcances punitivos claros. En este sentido, los legisladores señalaron que la colaboración con las autoridades ambientales y de procuración de justicia es indispensable para dotar a los gobiernos estatales y municipales de las herramientas necesarias para atender las denuncias ciudadanas de manera oportuna.

Asimismo, el partido planteó que la nueva ley contemple mecanismos de seguimiento para que las políticas de bienestar animal sean evaluadas periódicamente, ajustándose a las necesidades de cada región del país. Con este planteamiento, buscan sentar las bases para una normativa que, además de endurecer las sanciones contra el maltrato, fomente una cultura de tenencia responsable y protección integral en la sociedad mexicana.

Finalmente, la bancada hizo un exhorto a las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados y el Senado de la República para que se abran mesas de diálogo con la academia y los colectivos rescatistas antes de someter cualquier proyecto a votación final. Este proceso, argumentan, permitirá blindar la legislación contra posibles vacíos legales y asegurar que el bienestar animal se convierta en un estándar de cumplimiento obligatorio en todo México.