Moody’s advierte que cambios judiciales frenan la inversión privada en México

La agencia calificadora Moody’s ha emitido una advertencia sobre el clima económico en México, señalando que los recientes cambios en el sistema judicial están actuando como un freno para la inversión privada. De acuerdo con el análisis de la firma, la incertidumbre generada en torno a la aplicación de la ley ha comenzado a influir en las decisiones de los capitales nacionales y extranjeros que buscan certeza jurídica para sus proyectos a largo plazo.

El reporte destaca que, además de la reforma judicial, existen otras modificaciones normativas impulsadas en meses recientes que han elevado la percepción de riesgo entre los inversionistas. Según la calificadora, estos cambios impactan directamente en la confianza sobre el cumplimiento de los contratos y la solidez de las garantías legales, elementos fundamentales para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura y energía en el territorio nacional.

La postura de la agencia pone énfasis en que la estabilidad del marco legal es un componente esencial para atraer capital. Los analistas de Moody’s sugieren que, sin una claridad meridiana en las reglas del juego y en los procesos judiciales, la dinámica de inversión continuará limitada, a pesar de las oportunidades que ofrece el fenómeno de la relocalización de empresas o nearshoring en diversas regiones del país.

Por su parte, el sector empresarial ha señalado en diversas ocasiones que la certidumbre jurídica debe ser una prioridad para fomentar el crecimiento económico sostenible. Los representantes de las cámaras industriales han expresado que, ante este escenario, muchas empresas están optando por mantener sus planes de expansión en pausa hasta que se logre una mayor estabilidad institucional que garantice el respeto a los acuerdos comerciales y las inversiones vigentes.

Finalmente, la agencia subraya que el cumplimiento de los contratos es un pilar indispensable para la calificación crediticia y el desarrollo financiero del país. El organismo mantiene su monitoreo sobre cómo evolucionará la implementación de estas reformas y su impacto real en la operatividad de los mercados financieros y la llegada de nuevos proyectos productivos a las distintas entidades federativas de México.